El pasado 13 de marzo, en una zona boscosa de la localidad de Usaquén, fue hallado el cuerpo sin vida de Mónica Alejandra Manrique Díaz (de 37 años). La víctima presentaba signos de violencia y hasta ese momento se desconocían las hipótesis del crimen.
Finalmente, tras casi dos meses de investigación, la Fiscalía en las últimas horas dio a conocer que el presunto responsable de haberle arrebatado la vida había sido judicializado.
“Luego de valorar los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Luis Alfredo Cely González, como posible responsable de causarle la muerte a una mujer que trabajaba en plataformas digitales de transporte”, dijo la entidad investigativa.
La investigación
Eran las 10 de la mañana de aquel trágico día cuando la comunidad le reportó a las autoridades que a la altura de la Carrera 7 con Calle 220 habían encontrado el cuerpo de una mujer boca abajo y con un celular en su mano derecha. A unos 800 metros del sitio se encontraba el vehículo de esta persona, quien además presentaba una herida de arma de fuego en el pecho.
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La víctima era Mónica, quien de acuerdo a la investigación habría llegado hasta el sitio para pactar un negocio con un sujeto que supuestamente le estaba ofreciendo unos terrenos.
“El hoy procesado habría convencido a la víctima de hacer un negocio con unos terrenos que supuestamente recibiría en el norte de Bogotá. Al parecer, le indicó que costaban en 300 y 350 millones de pesos, y le pidió que lo acompañara para verlos y firmar las escrituras”, agregó la Fiscalía.
Dice la entidad que Mónica creyó en el ofrecimiento, sacó el carro que conducía y se fue con Cely González a un predio abandonado en el barrio Torca. Al llegar al lugar, el hombre presuntamente sacó un arma de fuego y le propinó dos disparos.
Posteriormente, escapó caminando y a pocas cuadras tomó un bus alimentador del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
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Finalmente, tras haber recopilado los videos de cámaras de seguridad y otras evidencias, investigadores del CTI, con apoyo de unidades de la Policía Nacional, capturaron al señalado agresor en el centro de la ciudad y un fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. El señalado asesino no aceptó cargos, pero fue enviado a la cárcel mientras se adelantan las audiencias en su contra.
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