Luego de que en julio de este año Martha Sepúlveda sufriera de parálisis en sus piernas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica que le fue diagnosticada en 2018, inició una batalla legal para escapar de lo que llama una muerte lenta y dolorosa, esto a través de la eutanasia, un mecanismo que está despenalizado en el país desde 1997.
Aunque en el país la muerte digna solo está estipulada en casos en que una persona tenga un pronóstico de vida inferior a seis meses, la petición de Martha había sido reconocida y su eutanasia había sido programada para las 7 a. m. del domingo 10 de octubre.
Pero en la tarde del sábado se conoció que la IPS Instituto Colombiano del Dolor (Incoldo) se negó realizar el procedimiento, algo que de inmediato levantó voces a favor y en contra de la decisión, y que causó decepción en Martha y su familia.
Martha y su familia lamentan la decisión
Como ilegal y arbitraria, así calificó la decisión el Laboratorio de Derechos Sociales y Culturales (DescLab), el cual ha acompañado a Martha desde julio en su petición para tener una muerte digna.
Martha no solicitó este segundo Comité y rechaza la decisión. La cancelación de este procedimiento evidencia la falta de ética y profesionalismo de las personas contratadas por la IPS Incoldo, quienes, sin ningún reparo, 36 horas antes del procedimiento más importante y trascendental en la vida de Martha, deciden, de manera ilegítima, vulnerar sus derechos”, indicó el colectivo DescLab, que también criticó el hecho de que la carta que le notificaba la decisión a Martha no venía firmada por los profesionales que tomaron dicha decisión.
Federico Redondo, el hijo de Martha, quien tiene 22 años y ha apoyado la decisión de su mamá, también se pronunció al respecto: “A mi mamá ningún médico del Comité la evalúa, ¿la revisaron por lo que vieron en televisión? (…) hicieron todo a escondidas y no notificaron que se iba a reunir. La médica tratante no nos informó, y esto es contradictorio a los lineamientos propios de estos procedimientos”, aseguró el joven en entrevista ayer con W Radio.
Ante la situación, Martha y DescLab anunciaron una nueva tutela, entre otras alegando que se violó la ordenanza de la Corte Constitucional emitida en julio de este año. Asimismo, la Superintendencia de Salud dio ayer un plazo de 48 horas a la EPS Sura y a Incoldo para que expliquen con claridad cuáles fueron las bases de la decisión y así determinar si se violó su derecho.
Luego de que la Corte Constitucional estudiara la tutela en la que Martha justificaba su deseo de morir dignamente, esa corporación decidió ampliar los términos de su aplicación indicando que una persona puede solicitar la eutanasia si:
Cancelación unánime
- Tiene una enfermedad grave e incurable según su historia clínica.
- Considera que los dolores y sufrimientos que padece son incompatibles con su idea de dignidad.
- Ha manifestado el consentimiento libre, informado e inequívoco de manera reiterada.
Esta decisión produjo en su momento un choque con la iglesia, que calificó como “suicidio asistido” y llamó a la mujer paisa a reflexionar sobre esta determinación.
Aún así, la IPS Incoldo conformó el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, el cual fijó este domingo que pasó como el día en que se llevaría a cabo el procedimiento, pero un segundo comité que se conformó el viernes dio reversa a la decisión indicando que por “un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad (sic) como se había considerado en el primer comité”.
Igualmente el comité señala que su decisión se tomó bajo el concepto unánime de los galenos.
El Ministerio de Salud dio ayer un espaldarazo a este pronunciamiento, al decir que no fueron notificados de la sentencia la C-233, por lo que la eutanasia a Martha no tendría efectos jurídicos.
