En manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, se encuentra un proceso judicial que pretende dar nulidad al decreto 0035, con el fin de acabar con los viajes de la primera dama Verónica Alcocer y su asignación como “Embajadora en Misión Especial”.
Los periplos de Alcocer han generado bastante polémica, en particular por los costos al erario público y por los encargos a eventos a los que debería haber asistido el Jefe de Estado o el Canciller.
La Procuraduría envió un concepto de 18 páginas al Tribunal, en el que argumentó las razones para dar nulidad al decreto que le atribuye un estatus que le permite viajar en representación del Gobierno.
El primer argumento aseguró que el Presidente, Gustavo Petro, y los directores del Dapre omitieron la jurisprudencia de que estas designaciones no se pueden hacer a personas que se tienen un parentesco cercano, como lo es el mandatario y su esposa.
“Para esta Agencia del Ministerio Público, el señor Presidente de la República infringió dicha disposición, pues al ser un servidor público y actuar en ejercicio de sus funciones, expidió un Decreto en el que designa o nombra como Embajadora en Misión Especial a su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García, persona con la cual está ligado por matrimonio o unión permanente”, señaló un aparte.
El concepto se apoya en una decisión de 1995 con el entonces presidente Ernesto Samper, quien designó a su esposa, Jacquin Strauss, como Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Bienestar Familiar. El Consejo de Estado ordenó declarar nulidad al nombramiento al determinar que como primera dama no ostentaba el carácter de servidora pública.
Igualmente, desde el ente de control aseguran que no se podía realizar esta designación especial a la primera dama y menos otorgarle viáticos, ya que ella no es funcionaria pública y esto solo es beneficio para las comisiones de servicios de los empleados públicos, detalló el Decreto 460 de 2022.
“La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el Decreto cuestionado”, dijo la Procuraduría.
Basadas en estas razones, el Ministerio Público pidió que el Tribunal acceda a las pretensiones de nulidad de la demanda que ordenó el Presidente en el decreto 0035 de 2023 del 12 de enero de 2023, por medio del cual el señor Presidente de la República comisionó a la primera dama, como Embajadora en Misión Especial.
Redacción Colprensa
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