Un juez de Bogotá ordenó la medida de prisión domiciliaria a cinco presuntos integrantes de la autodenominada ‘Primera Línea’ en Suba, por participar en actos de vandalismo y terrorismo durante las protestas que se registraron en la capital del país a lo largo de este año.
Lo anterior, de acuerdo con la Fiscalía, por haber participado presuntamente en el lanzamiento de bombas incendiarias contra una patrulla de la Policía en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 139 y su posterior destrucción, tras romperle los vidrios y pinchar las llantas, el pasado 22 de julio.
“El uniformado que conducía el automotor fue golpeado y amenazado de muerte. En el ataque también resultó afectado un taxi, que fue estrellado por el vehículo oficial”, indicó el ente acusador.
De acuerdo con la Fiscalía, el pasado 31 de julio, en el noroccidente de Bogotá, los hoy imputados presuntamente también retuvieron durante 30 minutos a seis auxiliares de Policía, luego de notar que pertenecían a la fuerza pública, a pesar de que ellos estaban vestidos de civil.
Las víctimas fueron agredidas física y verbalmente, así como torturadas. Los presuntos agresores además les habrían hurtado sus objetos de valor, al igual que dinero en efectivo. Uno de los afectados recibió una incapacidad de siete días por las lesiones sufridas.
Por último, la Fiscalía dijo que estas cinco personas el pasado 9 de agosto a la 1:30 p. m. en la calle 102 con Avenida Suba, presuntamente, ubicaron una barricada con troncos y llantas. Allí habrían destruido un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp).
Los presuntos implicados rompieron el sistema de presurización de las puertas, los vidrios y la carrocería, y luego le prendieron fuego. Por si fuera poco, durante el hecho, aparentemente amenazaron al conductor y a los pasajeros, entre los que se encontraba una niña de 6 años. Los daños ocasionados alcanzaron los 761 millones de pesos.
Por lo anterior, el ente investigativo les imputó a los procesados —de acuerdo con su posible participación y rol— los delitos de secuestro, tortura, terrorismo, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado y lanzamiento de objetos peligrosos.
Los afectados con la medida son: A. F. Rodríguez Cháves, M. V. Díaz Flórez, J. A. Moreno Otero; J. S. Cortés Aldana y K. Y. Cepeda Andrade.
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