Sigue la discusión sobre los polémicos viajes de la primera Dama Verónica Alcocer con derecho a viáticos, entre los que se encuentran destinos como Inglaterra, Japón, Roma, El Vaticano, entre otros.
Al respecto, el vicecontralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, ordenó que a través de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública se solicite al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y a la Cancillería un informe sobre los viajes de Alcocer.
“Se solicitó un informe detallado relacionado con los viajes, misiones especiales, comisiones, delegaciones oficiales de Estado que haya realizado la actual esposa del presidente Petro”, subrayó Zuluaga.
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Sin embargo, esta solicitud va más allá, puesto que también se pidió el mismo informe de viajes y comisiones para las esposas de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos.
“Con el fin de tener una trazabilidad completa de cuál ha sido el comportamiento de los recursos públicos que hayan sido utilizados o no en este tipo de misiones de visitas que adelantaron las primeras damas en sus espacios de gobierno”, añadió el vicecontralor en funciones.
Estas indagaciones se suman a un concepto enviado por la Procuraduría al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando dar nulidad al decreto 0035 de enero de 2023 y así acabar con los viajes de la Primera Dama y su asignación como embajadora en Misión Especial.
El ente de control sostuvo que estas designaciones no se pueden hacer a personas que se tienen un parentesco cercano, como lo es el presidente y su esposa.
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Igualmente, aseguran que no se podía realizar esta designación especial a la primera dama y menos otorgarle viáticos ya que ella no es funcionaria pública y esto solo es beneficio para las comisiones de servicios de los empleados públicos, según lo explicó el Decreto 460 de 2022.
“La señora Verónica del Socorro Alcocer García no es servidora pública, ni se le asignó tal calidad, por lo tanto, no podría ser destinataria ni de comisiones, ni de viáticos regulados para los servidores públicos, a quienes se dirige la normatividad invocada en el Decreto cuestionado, explicaron.
Redacción Colprensa.
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