Tras una ola de violencia que ha dejado un saldo, hasta ahora, de dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) asesinados en 2024, el consejo directivo del Instituto resolvió declarar la emergencia carcelaria en todo el país.
El consejo, encabezado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sostuvo una sesión extraordinaria este lunes, dos días después del homicidio del guardia Jesús Cárdenas, quien fue acribillado a las afueras del centro penitenciario que custodiaba, en Cartagena.
En la reunión, además de Osuna, participaron el director del Inpec, el teniente coronel Daniel Gutiérrez; el viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña; la vicefiscal general que será fiscal general a partir del 13 de febrero, Martha Mancera, entre otros funcionarios.
Al término del encuentro, el jefe de la cartera del Derecho manifestó que decidieron “por unanimidad” declarar la emergencia carcelaria “en todo el país”, debido a los homicidios y “las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida” de miembros del Inpec.
“Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia”, puntualizó el ministro, al tiempo que explicó que la extorsión desde las cárceles “se ha exacerbado”, lo que también fue un argumento para declarar la emergencia.
Ese crecimiento de la violencia, indicó el funcionario del Gobierno, en buena medida llega en respuesta de bandas criminales como La Inmaculada, también conocida como La Oficina de Tuluá, que ha sido “fuertemente golpeada”, con la captura de varios señalados cabecillas, “pero aún no erradicada”.
Esta violencia, coordinada desde las cárceles, estalló el fin de semana precisamente en Tuluá, donde dos personas fueron asesinadas en medio de quemas de vehículos. La situación llevó a decretar el toque de queda y a la militarización del municipio.
Las medidas que asumirá el Gobierno
Aunque aún no se publica una resolución o un decreto formal, el Inpec espera expedirlo entre la tarde de este lunes y la mañana del 13 de febrero. No obstante, el Ministerio de Justicia explicó algunas de las medidas que se podrán implementar.
Osuna destacó que el Ejecutivo podrá asegurar “traslados presupuestales y contratación directa de recursos”, lo que permitirá destinar dinero con mayor eficacia a atender la problemática de extorsiones y amenazas, con mayor personal de Policía o mejores equipos.
“También se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención”, remarcó Néstor Osuna.
Asimismo, el ministro dijo que se reforzarán las medidas de aislamiento y limitación de comunicaciones para las personas consideradas por las autoridades como “sospechosas” de dar órdenes criminales desde su reclusión o de realizar llamadas para extorsionar.
De acuerdo con el director del Inpec, la coordinación con la Fiscalía será clave, pues, además de las requisas y eventuales medidas estrictas de seguridad, la cooperación en instancias judiciales deberá confirmar las presunciones de que los crímenes salen de las penitenciarías.
En ese sentido, el ministro de Justicia aseveró que uno de los acuerdos fue que un fiscal especializado se dedique exclusivamente a investigar extorsiones desde las cárceles y otro a indagar sobre las amenazas o los asesinatos contra miembros del Instituto Penitenciario.
Adicionalmente, la Fuerza Pública acompañará la vigilancia en el perímetro de las cárceles, como fue ordenado desde el fin de semana, sobre todo en las de máxima seguridad, como La Tramacúa, de Valledupar, donde está recluido alias ‘Satanás’, quien semanalmente es requisado por efectivos del Gaula.
Los inhibidores de señal
La destinación ágil de recursos puso sobre la mesa, de nuevo, el tema de los equipos tecnológicos especializados en bloquear la señal de teléfonos. Se trata de una disputa que el Inpec ha tenido a nivel jurídico con distintas esferas, desde poblaciones aledañas a las cárceles hasta los órganos de control.
A mediados de enero, la Defensoría del Pueblo insistió en la importancia de que exista tecnologías 4G y 5G para mejorar el combate a la extorsión. Semanas antes, la Procuraduría General de la Nación subrayó que, entre los 22 inhibidores instalados en las cárceles del país, solo dos están funcionando correctamente.
En julio del año pasado, el coronel Gutiérrez tuvo que reconocer que los inhibidores de señal fueron “una solución efectiva en su momento”, pero no en la actualidad. Sin embargo, añadió que “reemplazar esos equipos obsoletos”, que solo llegan hasta la tecnología 3G, “sería demasiado costoso”.
“El Inpec venía sufriendo una serie de demandas por parte de los vecinos afectados y siempre nos ganaron esos pleitos judiciales, y en muchos casos los jueces de la República ordenaban apagarlos por la afectación a los ciudadanos.”, relató el año pasado el director del Inpec.
Este lunes, el ministro Osuna apuntó que la emergencia carcelaria permitirá “destinar más recursos” para la compra de dispositivos más modernos y el mejoramiento de los actuales, pero “necesitamos también la colaboración de los operadores de telefonía”.
“No es incompatible con la humanización carcelaria”
Una de las grandes búsquedas del Gobierno en materia de cárceles es que haya un entorno más humano, con mayores apuestas por la resocialización y la superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria.
Para el ministro Osuna, la violencia que lleva a decretar la emergencia carcelaria, y la declaratoria en sí, no es precisamente opuesta a ese ideal, sino que, incluso, hace parte de lo que se quiere erradicar con la emergencia.
Las disposiciones del Ejecutivo en medio de la emergencia incluyen aislamientos que no pueden ser totales, pues toda persona tiene derecho a hablar con su abogado, así como otros límites a varios derechos. Osuna se refirió a ello y a la intención del Gobierno de buscar una mejor política penitenciaria.
“Creo que no hay incompatibilidad alguna entre estas medidas y nuestro proyecto, que ya está andando, de humanización carcelaria. De hecho, la humanización carcelaria tiene mucho que ver con que en las cárceles no haya crímenes”, expresó el ministro.
Y enfatizó en que la meta es que cada persona condenada reciba “un proceso permanente de resocialización cuya finalidad no es otra que la de evitar la reincidencia”, sin descartar que existe un porcentaje de personas que se han convertido en dinamizadoras del delito.
“El universo de personas privadas de la libertad, que son más de cien mil, está, en su gran mayoría, alejado de estas conductas. Hemos hablado de siete, probablemente diez, si quiere, cuarenta (personas que delinquen estando detenidas), en un universo de cien mil”, dijo.
Redacción Colprensa
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