Uniformados de la Policía serán llamados a juicio por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.
La Fiscalía confirmó en las últimas horas que se radicó el escrito de acusación y llamará a juicio al capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y los patrulleros Jhon Fredi Morales Cárdenas y Dana Alejandra Canizales Bonilla, por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.
Según la investigación realizadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se estableció que los integrantes de la Policía Nacional, en ejercicio de sus cargos, estarían involucrados en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos exempleadas de la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República y hoy directora de Prosperidad Social, Laura Camila Sarabia Torres.
Para realizar estas “chuzadas”, se conoció que el capitán Correa Loaiza y el patrullero Morales Cárdenas habrían utilizado información falsa para solicitar a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Quibdó (Chocó), aval para intervenir dos líneas telefónicas que serían de alias La Madrina y alias La Cocinera, dos señaladas colaboradoras del ‘Clan del Golfo’.
“Los elementos de prueba indican que los dos números celulares en realidad pertenecían a Marelbys Meza Buelvas, exniñera de la casa de la exjefe de Gabinete; y a otra mujer que cumplió funciones domésticas para la funcionaria”, expresó la Fiscalía.
En el proceso también están implicados el intendente Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera Canizales Bonilla, quienes al parecer, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de la señora Sarabia Torres.
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La Fiscalía estableció que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones, por lo que se llamarán a juicio a los uniformados en los próximos días.
Redacción Colprensa
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