Las autoridades desmantelaron una organización delictiva, acusada de transportar migrantes de manera ilegal. En conjunto, los individuos detenidos se ven vinculados a cinco situaciones separadas en los cuales llevaron de manera ilícita a 229 migrantes, incluidos 7 menores de edad.
La operación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación, la Dijin de la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Nueve personas vinculadas a la organización delictiva fueron capturadas.
“En esta lucha frontal contra el tráfico de migrantes, una investigación (…) permitió impactar el componente estructural y el patrimonio de una red señalada de transportar ilegalmente migrantes”, explicó Ricardo Romero Moreno, delegado contra criminalidad organizada de la Fiscalía.
Los detenidos, responsables de movilizar ciudadanos africanos, asiáticos, cubanos, haitianos y venezolanos que ingresaban irregularmente al país, operaban desde Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander, hasta Necoclí, Antioquia, así como desde la zona fronteriza con Venezuela hasta puntos limítrofes con Ecuador.
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Los traslados se realizaban en buses propiedad del grupo ilegal, acompañados por motociclistas que brindaban seguridad y alertaban sobre la presencia de las autoridades.
“En algunas oportunidades también se daba el pago de dádivas a integrantes de la fuerza pública para que facilitaran el paso y la obtención de documentos de identidad y permisos migratorios falsos para los extranjeros”, afirmó Romero.
Un fiscal de la dirección especializada contra la violación de los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes.
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Simultáneamente, un fiscal de la dirección especializada de extinción del derecho de dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 18 bienes muebles e inmuebles valuados en más de 2367 millones de pesos, que estarían al servicio de la red de tráfico de migrantes.
Estas propiedades fueron ocupadas en procedimientos realizados en Nobsa, Boyacá; Barrancabermeja y Floridablanca, Santander; Villa del Rosario, Norte de Santander; Sibaté, Cundinamarca; y La Virginia, Risaralda, e Ipiales y Pasto, Nariño.
Redacción Colprensa.
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