La senadora electa Piedad Córdoba fue retenida de manera provisional en un aeropuerto de Honduras, por transportar cerca de 68.000 dólares americanos que no fueron declarados para su salida del país, este miércoles.

“La senadora de Colombia, Piedad Córdoba, ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de aproximadamente 68.000 millones de dólares americanos que no fueron declarados”, reveló el INM en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el artículo 34 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos de Migración de Honduras, los viajeros deben declarar en un formato especial si transportan bienes, cheques o dinero igual o superior a 10.000 dólares.

A pesar de que la senadora conocía esta ley, presuntamente, no declaró la platica que llevaba entre su ropa y que fue pillada por el equipo de migración mediante rayos x. Según se lee en la página web de la Administración Aduanera de Honduras, a Piedad le espera “una sanción administrativa de multa equivalente a un tercio del valor de los activos que no haya declarado”.

Aunque hasta el momento las autoridades de Honduras no han tomado una decisión, informaron que:  “la señora se encuentra en custodia en oficina de la policía preventiva y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras tiene el caso, los teléfonos y dinero fueron embalados y están a la espera de justificación de procedencia del dinero“, se conoció.

Migración de Honduras

Por su parte, Migración de Honduras anunció este miércoles, tras la retención que la senadora electa les argumentó que los dólares “pertenecen a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente”. Y en declaraciones que ella dio a Blu radio señaló que el dinero era por “un pago de asesorías”.

Córdoba tiene 30 días para demostrar de dónde sacó los 68 mil dólares que no declaró o de lo contrario este dinero será decomisado de manera definitiva por el Estado.

Si la senadora no llega a demostrar el origen del dinero, podría enfrentar un proceso judicial incluso por lavado de activos.

Según  el artículo 36 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, la pena por este delito es de 6 a 15 años de reclusión para quien: “Adquiera, invierta, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, convierta, conserve, traslade, oculte, encubra, de apariencia de legalidad, legalice o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de las actividades de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de armas, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades de la administración del Estado a empresas privadas o particulares, secuestro, extorsión, financiamiento del terrorismo terrorismo, tráfico de influencias y delitos conexos y cualesquiera otro que atenten contra la Administración Pública, la libertad y seguridad, los recursos naturales y el medio ambiente; o que no tengan causa o justificación económica o lícita de su procedencia”.

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