La consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, dejará oficialmente su cargo en el gobierno de Gustavo Petro, luego de que la Presidencia de la República le solicitara su renuncia tras el escándalo de la compra irregular de carrotanques en La Guajira.
El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes al caso en el que resultó involucrada Ortiz, cuota de la Alianza Verde en el Ejecutivo, siendo enfático en que los “indicios de corrupción” deben tener como consecuencia la salida de los puestos estatales.
Petro dio un discurso en la entrega de una planta procesadora de arroz en Palermo (Huila) en el que, aunque no nombró directamente a los presuntos involucrado, enfatizó en que los funcionarios sobre quienes pesen sospechas de delitos deben hacerse a un lado.
“Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí sí me dirían dictador con justa razón, de todas maneras deben salir por los indicios”, manifestó Petro. Horas después, desde Casa de Nariño se oficializaron los señalados.
Aunque aún falta que el Gobierno entregue una comunicación oficial, desde la Presidencia se confirmó que el jefe de Estado les pidió la renuncia a Sandra Ortiz y al secretario de Transparencia del Ejecutivo, Andrés Idárraga.
La determinación presidencial, aunque Petro insistió en que “no puedo ser el juez”, es que Ortiz e Idárraga abandonen al gabinete mientras las pesquisas judiciales en contra de ambos siguen su curso. “No tenemos tiempo para perder de esa manera”, dijo Petro.
“Ya sabemos que la marca política o el color de la bandera no inhiben que este tipo de cosas se produzcan”, aseveró el presidente, quien agregó que la corrupción llega “vístase de rojo, vístase de azul o vístase multicolor”.
Sandra Ortiz resultó nombrada por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como la intermediaria de una millonaria coima entre la Unidad y el presidente del Senado, Iván Name, actualmente indagado por la Corte Suprema de Justicia.
Idárraga, como parte de una mesa técnica instalada por el Gobierno para examinar qué ocurrió con la Unidad de Gestión del Riesgo, había pedido considerar la idea de una renuncia de la funcionaria, pero Olmedo López, exdirector de la UNGRD solicitó retirarlo a él también.
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Según José Moreno, abogado de Olmedo López, Idárraga “le hizo varias solicitudes” a su cliente, lo que “podría enmarcarse en un posible o aparente tráfico de influencias”. El defensor aseguró tener en su poder chats que demostrarían esa conducta por parte del secretario.
Redacción Colprensa
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