Luego de varias denuncias suministradas por la ciudadanía, la mañana de ayer dos mujeres, madre e hija, que se dedicaban a estafar a los habitantes de Bogotá de estratos 1, 2 y 3, fueron enviadas a la cárcel.
La Fiscalía General, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso en evidencia el entramado criminal que desde 2017 habría diseñado Angie Ardila y su mamá, María Rubiela Gómez, y con el cual, al parecer, defraudaron a más de 1.500 residentes de la capital del país, en una cifra superior a los 2.000 millones de pesos.
Ardila, quien era una estudiante de derecho, junto a su madre fueron las artífices de esta truculenta estafa. Ambas fueron capturadas en el barrio San Francisco (Ciudad Bolívar).
Según el modus operandi que quedó al descubierto, mamá e hija se dedicaban a investigar en las bases de datos de la Secretaría de Hacienda a las personas que tenían deudas con la entidad, quienes serían sus futuras víctimas.
“Labores de policía judicial determinaron que Angie habría reclutado personas de escasos recursos para que repartieran, puerta a puerta en distintas localidades, oficios falsos que notificaban a los ciudadanos sobre supuestos procesos administrativos en su contra, además de conminarlos a suscribir acuerdos de pago, so pena de perder sus bienes”, informó la Fiscalía.
La evidencia recopilada por las autoridades demostró que las procesadas, se cree, pagaban 600 pesos por cada oficio falso que entregaran. También habrían contratado personal exclusivamente dedicado a atender las llamadas de los contribuyentes morosos interesados en poner al día sus obligaciones.
La jovencita junto a su madre llevaban desde 2017 delinquiendo de esta forma hasta la actualidad, tiempo en el que se apoderaron de mas de $2000 millones de pesos, de por lo menos 1.500 víctimas, según la Fiscalía.
Por si fuera poco, en Secretaría de Hacienda ya habrían 180 procesos abiertos en contra de esta familia de criminales que se aprovechaban de los deudores de impuestos. Las dos mujeres fueron imputadas por el delito de concierto para delinquir con fines de estafa y enriquecimiento ilícito, por el cual podrían pagar de 3 a 6 meses de prisión. Por otra parte, perdieron los bienes incautados, ya que estos serán destinados para reparar a sus víctimas.
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