Por cuenta de la falla en la que incurrió el alcalde de La Palma, en Cundinamarca, John Jairo Pulido, tendrá que pagar una multa de 246 millones y el contratista una multa por valor de 163 millones y sumado a lo anterior fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas.
El hombre fue condenado por irregularidades en un contrato suscrito durante la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia. El alcalde incurrió en graves irregularidades durante la celebración de un contrato por $65’163.372 destinado a garantizar la alimentación de las personas más afectadas por la pandemia en el municipio cundinamarqués.
Durante el desarrollo de la investigación, llevada a cabo por una fiscal adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Cundinamarca, se comprobó que el 30 de marzo del año 2020 Jhon Jairo Pulido, en su condición de alcalde, estructuró el millonario contrato que resultó siendo adjudicado de manera directa beneficiando al contratista, quien, de acuerdo a lo manifestado en dicho contrato, debía adquirir bienes de primera necesidad, productos perecederos y elementos de bioseguridad para los habitantes que no podían garantizarse el mínimo vital durante el periodo de aislamiento.
La investigación determinó que los kits alimentarios que debían entregar fueron recibidos por la administración de La Palma el día 8 de abril de 2020.
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Sin embargo, fueron entregados a la población beneficiaria el día 4 de mayo, prácticamente un mes después, hecho que en un contexto de emergencia social es simplemente inaceptable.
Detención domiciliaria para alcalde y contratista de La Palma #Cundinamarca por presuntos sobrecostos en mercados para atender emergencia sanitaria por Covid – 19. pic.twitter.com/BvY6T635jg
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 2, 2020
Por tal razón, Pulido Pulgarín fue condenado a 20 años y 9 meses de prisión mientras que el contratista beneficiado, identificado como José Raúl Cruz, deberá cumplir una sentencia superior a los 15 años de cárcel, ambos señalados de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en grado tentativa, y falsedad ideológica en documento público.
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El mandatario tendrá que pagar una multa de 246 millones y el contratista una multa por valor de 163 millones y, además, fueron inhabilitados para ejercer funciones públicas.
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