En Colombia en los últimos cuatro años se han registrado 876 casos de presunto abuso asociados a entornos escolares, según datos del Ministerio de Educación, dos de ellos ocurrieron recientemente en dos colegios de Bogotá. Estos sucesos de violencia contra las mujeres no son muy distintos a los registrados historicamente, pero en este momento la ciudadania los está visibilizando más, gracias a la mayor conciencia que hay sobre los derechos de las mujeres.
Expertos consideran que el sistema de educación ha venido avanzando en hacer mucho mas para prevenir casos como el del acoso y la violencia sexual, pero aún hay barreras en la implementación de los procolos y en la falta de Educación Sexual para prevenir y denunciar violencia sexual en los colegios.
Según el Ministerio de Educación, desde el año 2008 el Gobierno ha venido impulsando la implementación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), y en 2018, en el actual Gobierno, se diseñó e implementó el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, cuyo propósito es la identificación, registro y seguimiento de los casos de acoso, embarazo adolescente, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales.
Adicionalmente, en junio de 2021 el Ministerio de Educación publicó un protocolo de prevención de situaciones que ponen en riesgo el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el protocolo de prevención de Violencias Basadas en Género.
No obstante, según los mismos datos de MinEducación, del total de 876 casos de presunta violencia sexual contra estudiantes, solo 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 continuan en investigación.
Para la docente Carolina Morales, psicóloga clínica experta en acompañamiento psicosocial a mujeres víctimas de violencias basadas en género, la implementación de este tipo de protocolos en contextos escolares tiene obstáculos como la dificultad para que se crean los testimonios de las víctimas y la constatación de la protección institucional por proteger a los agresores en un ejercicio de normalización de la violencia.
En primer lugar, advierte que cuando una niña dice que está sufriendo un abuso, en muchas ocasiones, lo primero que las autoridades educativas hacen es condenar a la mujer. “Se investiga si ella está provocando este tipo de hechos y se protege al posible agresor, con la idea que es una persona adulta, respetable, que pudo ser una mala interpretación”, explica la especialista.
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En segundo lugar, dice, en el desarrollo de las medidas en los casos de agresiones sexuales contra niñas, un común denominador por parte de las autoridades educativas es no reconocer una situación de desventaja. Hay una excesiva protección a la integridad de la persona que está siendo acusada, que además, ya de por sí, está en una relación de poder en relación con la víctima.
Así, la idónea implementación de los protocolos o mecanismos encaminados a investigar y sancionar a quien atente contra la integridad de los y las estudiantes, sigue siendo un reto de las autoridades. Por eso, este lunes el presidente Ivan Duque se comprometió en los próximos 60 días a garantizar que los protocolos se implementen en todas las instituciones del país.
Solo en Bogotá, una de las Secretarías de Educación que ya implementa los protocolos de prevención de situaciones de riesgo, hay actualmente 161 procesos disciplinarios abiertos, de los cuales 51 se abrieron en 2021.
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“Ante un hecho de violencia sexual en nuestras Instituciones Educativas (IED), aplicamos las medidas cautelares, de protección y prevención que nos permite la normatividad”, señala la secretaria de Educación, Edna Cristina Bonilla, al rechazar el presunto caso de violencia sexual en contra de varias estudiantes del colegio privado Marymount.
¿Y LA EDUCACIÓN SEXUAL?
La segunda razón por la que en el país las noticias siguen reportando cada tanto nuevos presuntos casos de violencia sexual en entornos escolares, según los expertos, tiene que ver con la falta de la educación sexual que permita a estudiantes obtener las herramientas para identificar la violencia sexual de la cual puede estar siendo víctima.
De acuerdo con Carmen Martínez, directora asociada de estrategias legales para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, la educación sexual y reproductiva debe ser integral, no discriminatoria, basada en pruebas científicamente rigurosas y además adecuada en función de la edad.
Para Sandra Trujillo, psicóloga clínica con experiencia en atención psicoterapéutica en casos de maltrato infantil, la educación sexual es importante para despejar el límite de lo que es y no es un acoso sexual.
“El acceso carnal violento puede ser mucho más evidente en una situación expresa y las palabras y tocamientos se pueden minimizar y se puede dejar ahí como de lado, pero evidentemente también hace parte de un tipo de abuso”
Sandra Trujillo, psicóloga
Para que casos como los denunciados en el Marymount y en el colegio Colsubsidio, en Bogotá, las especialistas consultadas aseguran que las autoridades deben garantizar una educación sexual integral, no solamente en término de como evitar un embarazo, sino también de cómo fomentar unos procesos de formación que permitan el ejercicio de la autonomía sobre los cuerpos para los niños y las niñas.
Redacción Colprensa
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