La Procuraduría General solicitó medidas urgentes a los directores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a 23 gobernaciones y cinco alcaldías por muertes de menores de cinco años asociadas a la desnutrición que van en aumento.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, 235 casos fueron notificados por autoridades territoriales, de los cuales se confirmaron 124 por esta causa. Por ello, el Ministerio Público solicitó medidas urgentes para buscar alternativas y protección que lleven a que estos casos no se sigan presentando.
“Tan solo un caso de muerte por desnutrición constituye un hecho grave que demuestra que las políticas formuladas en los territorios han sido insuficientes para detenerlas”, enfatizó el ente de control.
La entidad también llamó la atención por la situación presentada en comunidades indígenas Tule, Wounaan y Embera, de Chocó; Nasa, de Valle del Cauca; Sikuani y Amorúa, de Vichada; Nukak y Sikuani, de Guaviare; y el pueblo Wayúu, de La Guajira.
Igualmente, el llamando a 23 gobernaciones y 5 alcaldías entre las que registran mayores casos como Chocó (21 casos confirmados), La Guajira (13), Cesar (13), Bolívar (12), Risaralda (5), Meta (5), Antioquia (4), Casanare (4), Magdalena (4), y ciudades como Barranquilla (3), Santa Marta (3), Bogotá (2) y Cartagena (1).
“Durante el año 2021 y lo que va corrido del año 2022 hemos hecho especial énfasis en el seguimiento a esta problemática y demuestra que las políticas formuladas para la prevención de esta problemática han sido insuficientes”, aseguró Viviana Mora, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Redacción: Colprensa
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