La juez 59 penal del circuito de Bogotá negó la solicitud presentada por la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicación Karen Abudinen, de reconocerla como víctima en el caso del contrato con Centros Poblados.
Según la juez, Abudinen no acreditó haber sido afectada en el escándalo de corrupción donde se perdieron más de 70.000 millones de pesos del contrato firmado con la Unión Temporal, para llevar internet a más de 7.000 colegios públicos del país.
La exministra de las TIC aseguraba que no le interesaba ningún restablecimiento económico, sino demostrar sus cargas afectivas y personales que ha tenido que sufrir. Agregó que ha tenido un daño real y concreto que la ha afectado como persona, y como familia y como profesional, porque le tocó renunciar al ministerio. Incluso le ha afectado a su sobrino que va al colegio.
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“Mi carrera profesional y mi persona se han visto truncadas, tengo que ir al psicólogo, no tengo oportunidades laborales e inclusive las redes sociales no paran de presionar frente a un hecho que jamás he cometido”, expresó Abudinen.
Por su parte, la defensa de la exministra de la TIC señaló que apelara la decisión asegurando que Abudinen ha sido afectada en su honra y buen nombre.
La negativa se dio durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros, y Ottoman Lascarro Torres, como presunto propietario de las empresas Intec de la Costa y Omega Building.
De acuerdo con la investigación, estas personas presuntamente participaron en la constitución ilegal de la unión temporal Centros Poblados y en la presentación de pólizas falsas para que les fuera entregado el millonario contrato, que tenía por objeto garantizar el servicio de internet a 7.000 escuelas rurales en diferentes regiones del país.
Además, de acuerdo con el ente acusador, los hoy acusados hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte de los 70.000 millones de pesos de anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto del contrato. Es decir, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales.
Por todo lo anterior, los tres involucrados deberán ahora defenderse en juicio por los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Redacción: Colprensa
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