La Fiscalía logró la judicialización de cuatro hombres y una mujer que hacían parte de una Institución Prestadora de Salud (IPS) dedicada a la atención de personas con problemas de adicción y desórdenes en el comportamiento.
De acuerdo con la entidad investigativa, los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a los pacientes, entre otras conductas que atentaban contra la integridad física y emocional, al parecer perpetradas dentro de la sede de la institución de salud ubicada en el occidente de Bogotá.
De otro lado, también la Fiscalía pudo establecer que dicha entidad no contaba con personal calificado para tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas.
Entre los procesados se encuentra un ingeniero civil y entrenadores físicos que no tienen ningún tipo de capacitación para atender este tipo de pacientes.
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Un equipo conformado por investigadores del CTI, psicólogos, médicos y psiquiatras forenses, además de peritos informáticos, entre otros especialistas, realizaron las labores de vigilancia y recolección del material que pone en evidencia las acciones ilícitas que cometían estas cinco personas.
En diligencias de allanamiento y registro en el lugar en el sitio donde se atendía a personas con problemas de adicción, se realizó la captura de los cinco implicados. También se encontraron 35 personas entre los que se encontraban dos menores de edad.
Adicionalmente se encontraron taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización.
“Las diligencias fueron adelantadas por el CTI, en coordinación con el Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
indicó la Fiscalía.
La Fiscalía imputó ante un juez de control de garantías los delitos de tortura agravada con fines de castigo y discriminación, secuestro simple agravado y concierto para delinquir.
Cuatro de estas personas fueron enviadas a centro carcelario, mientras la otra seguirá vinculada a la investigación.
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Revelación sobre torturas a pacientes con problemas de adicción
La Fiscalía indicó que la denuncia interpuesta por una de las víctimas fue el punto de partida para realizar la investigación. Según estableció la entidad, las familias eran engañadas y las personas eran internadas en contra de su voluntad en esta IPS, incluso, en algunas oportunidades algunos pacientes eran ingresados dopados o amarrados para evitar que se resistieran.
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Las víctimas, con problemas de acción, eran aisladas, y cuando tenían comunicación con sus familias eran monitoreados para evitar que revelaran algún tipo de información sobre el drama que padecían en el lugar.
Dentro de las torturas de las que presuntamente eran víctimas estas personas que ingresaban como pacientes, la Fiscalía indicó que las personas eran desnudadas, amarradas y bañadas con mangueras y escobas supuestamente para limpiarles las impurezas.
“El material de prueba da cuenta que las víctimas, presuntamente, fueron hechas por su condición sexual, estado físico, adicción a los estupefacientes y distintas alteraciones en el comportamiento”.
indicó la Fiscalía en un comunicado.
“Adicionalmente soportaban hacinamiento. Un área habilitada para 25 personas albergaba casi 40, y carecía de accesos, espacios al aire libre y ventilación”, indicó el ente acusador.
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Según se pudo conocer, la IPS tenía un espacio denominado ‘pasillo azul’, donde al parecer sucedieron las agresiones y torturas, al parecer motivadas por el incumplimiento de una tarea o instrucción.
A los internos se les llegó a restringir el acceso al baño como castigo, además se constató por parte de la entidad investigativa que las personas con sobrepeso eran atadas durante el almuerzo para que vieran comer a los demás internos.
También indicaron las autoridades que en la sede se presentaron brotes de varicela y picos de COVID-19, que no fueron atendidos oportunamente.
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Entre otros detalles de esta investigación, se encuentra que los trabajadores suministraban medicamentos sin prescripción y no había un espacio para garantizar la conservación de los productos farmacéuticos.
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