Tras la captura en octubre pasado de Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel en la subregión de Urabá, el Gobierno nacional ha acelerado el proceso de extradición apara que sea juzgado en Estados Unidos, pero el capo más peligroso del país buscó el sometimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, de paso, le sirve para intentar frenar ser enviado a los gringos.
Dicha jugada no fue aprobada por la JEP, situación que fue aprovechada por Iván Duque para firmar su extradición hace un par de semanas.
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Sin embargo, ante su inminente llegada a los Estados Unidos, lo que han calificado como un acto de impunidad con las víctimas en Colombia que quieren conocer la verdad del conflicto en el que él estuvo inmiscuido, los abogados de Otoniel hicieron otra jugada para detener, de momento, su entrega a las autoridades norteamericanas.
Los defensores del capo entregaron un documento a la JEP en donde se encuentran varios nombres de funcionarios de la fuerza pública que presuntamente habrían tenido algún vínculo con la organización criminal más poderosa del país.
Según Caracol Radio, medio de comunicación que conoció en exclusiva el documento conformado por 119 páginas, Dairo Antonio aportaría pruebas de acciones ilegales supuestamente planeadas por altos mandos del Ejército en Casanare y Meta, en específico por los generales Leonardo Barrera Gordillo y Henry William Torres Escalante, comandantes de la XVI Brigada del Ejército en Casanare en los años 2005 y 2007 respectivamente.
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Al parecer, ambos oficiales ordenaron ejecuciones extrajudiciales, masacres, entre otras actividades delictivas. En el caso de Barrera Gordillo supuestamente recibió dinero como retribución por el apoyo al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que pudieran tener laboratorios de cocaína sin que el Ejército realizara operativos contra ellos.
Otra de las personas que también se encuentra en la lista es Orlando Rivas Tovar, quien fungía como director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) en Casanare, al igual de otras personas que pasaron por allí entre los años 2006 y 2008.
Pero eso no es todo, el capó entregaría información precisa y hasta georreferenciada de fosas comunes de enemigos asesinados y personas desaparecidas entre los años 1997 y 2006 en Urabá, los Llanos Orientales y el departamento de Córdoba.
Redacción Q’hubo Medellín
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