La Sala de Reconocimiento de la Verdad puso en marcha el proceso restaurativo y preparación de audiencia a los 23 comparecientes que aceptaron su responsabilidad en los asesinatos de 296 personas ocurridos en Casanare, entre los años 2005 y 2008.
La JEP imputó a los 22 exintegrantes de la brigada XVI del Ejército, al exdirector del DAS Casanare y a dos terceros civiles por el caso 03 asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combates por agentes del Estado.
Entre los integrantes del Ejército que aceptaron los delitos está el mayor general retirado Henry William Torres Escalante, quien aseguró haber presionado a sus subalternos para presentar resultados de bajas en combate.
“Las mismas presiones que me aplicaban mis superiores, las hacia a mis subalternos exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la Unidad que comandaba, cuando debí ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”, aceptó Torres.
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Los otros reconocimientos fueron del coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; de los tenientes coroneles (r) Henry Hernán Acosta Pardo y Marcolino Puerto Jiménez; de los mayores (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, Jorge Eduwin Gordillo Benítez y Erwin Duarte Rojas; de los capitanes (r) Jaime Rivera Mahecha, César Augusto Cómbita Eslava y Miguel Andrés Sierra García; y de los tenientes (r) Marco Fabián García Céspedes, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián y Zamir Humberto Casallas Valderrama, y del exdirector (r) del extinto DAS, Casanare, Orlando Rivas Tovar.
Igualmente, los comparecientes afirmaron estar dispuestos a “brindar cualquier explicación, ampliación de versión de verdad ante cualquier componente del sistema y ante las víctimas”. Así mismo, expresaron su disposición para realizar tareas con el fin de lograr “una reparación cierta, real y efectiva”.
Tras esta aceptación, los comparecientes deberán hacer una audiencia de reconocimiento de la verdad y de responsabilidad. Posteriormente, deberán realizar un acto público de reconocimiento frente la justicia, las víctimas y el país.
Redacción Colprensa
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