27 uniformados del Ejército aceptaron su participación en al menos 200 ejecuciones extrajudiciales ante la JEP. Aseguran que lo hicieron con el fin de mostrar resultados de las operaciones y dar una “falsa sensación de seguridad”.
Ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, 27 integrantes del Ejército aceptaron su participación en la ejecución de un plan criminal para mostrar, como resultados en operaciones, falsos positivos de al menos 200 personas en hechos ocurridos en el Huila entre 2005 y 2008.
El objetivo era “dar una falsa sensación de seguridad a la población civil, así como alcanzar beneficios profesionales y mayor legitimidad institucional”, detalló la JEP, en versión atribuida a los militares implicados.
Entre los comparecientes están los coroneles Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, dos antiguos comandantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG).
Además de Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11), adscrita a la IX Brigada.
Todos los oficiales que integraron la plana mayor del BIPIG aceptaron responsabilidad, así como tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG).
Están incluidos los tenientes coroneles: Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez y Omar Oswaldo Ojeda Oliva, quienes reconocieron que en su alto cargo daban las órdenes para implementar la política (presión por bajas en combate como único resultado operacional tangible válido) que se trazaba desde la IX Brigada.
A la lista de reconocimientos, que se dan en el marco del Caso 03 que investiga los llamados ‘falsos positivos’, se suma tres mayores: Francisco Adrián Álvarez Calderón, Julián Andrés Calderón Motta y Felipe Andrés Ramírez Gómez. Así como tres capitanes: Jesús Mauricio Jiménez Botina, Miller Damián Forero Cruz y Carlos Mahecha Bernal.
De forma escrita, los altos mandos militares reconocieron por escrito “su participación en calidad de máximos responsables” en la comisión de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio.
Los implicados “ratificaron su compromiso con las víctimas, la jurisdicción y el Acuerdo de Paz”.
Pese a que varios uniformados admitieron estos delitos otros militares no reconocieron su responsabilidad como los generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, así como el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.
Luego de este reconocimiento, la JEP fijará los términos de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, en la cual los comparecientes se deben referir públicamente sobre los hechos y conductas consignadas en el auto de imputación, tal como ha sucedido con los subcasos en Norte de Santander, Costa Caribe, Casanare y Dabeiba.
Sin embargo, quienes no reconocieron responsabilidad se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se expondrían a penas de hasta 20 años de cárcel.
Redacción Colprensa
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