Las disidencias de las Farc manifestaron que Petro no tenía una voluntad para negociar.
Poco después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que quedaba suspendido al cese al fuego de Fuerzas Militares para con la guerrilla de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Conjunto, este grupo ilegal respondió y acusó al mandatario de no tener una real voluntad para negociar.
La decisión de Petro la toma luego de que esta guerrilla matara a cuatro menores indígenas que no se quisieron dejar reclutar a la fuerza, tema que fue analizado el domingo en consejo de seguridad en el cual se evaluó la situación del proceso con ese grupo.
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“Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza”, señala el comunicado emitido por la insurgencia.
Estas disidencias que son comandadas por alias Iván Mordisco, aseveran además que “el supuesto gobierno del cambio, el cual no se ha visto más que en discursos y promesas, sigue en el continuismo de asumir decisiones norteamericanas con celeridad, como lo mostró la presencia del Comando Sur de los Estados Unidos en el consejo de seguridad del día de ayer, 21 de mayo de 2023, del cual se concluye romper oficialmente y de manera unilateral el cese al fuego, violando una vez más el protocolo establecido con el sofisma de un rompimiento parcial del fuego en Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, acción que en la práctica es romper con el conjunto de las Farc-EP y está en consonancia con dejar la Amazonía en manos de la Otan, para lo cual Estados Unidos regaló una flotilla de helicópteros Black Hawk”.
Plantean además que “el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total y que el rompimiento al cese al fuego se origina en el marco cuando se está destapando la política de Estado de crear el paramilitarismo como quinta columna del régimen burgués, como son las declaraciones de Salvatore Mancuso, y que haya silencio en casos puntuales en acciones como la emboscada en Arauca, donde hay claras evidencias que no la hicimos nosotros, sino el ELN”.
En otro aparte se destaca que “también es de relevancia que los hechos que se nos acusan nunca fueron verificados e insistimos que en Caquetá, Meta y Guaviare no ha habido combates de ningún tipo, extorsiones o ajusticiamientos” y que “negar la participación de la sociedad en la construcción de la agenda y su participación en la mesa de diálogo, lo cual carece de sentido porque el conflicto armado nace del grave conflicto social que ha sido histórico en el país. Por el contrario, el Gobierno ha tenido una política de hacer acercamientos en el marco del secretismo y la confidencialidad a espaldas del pueblo colombiano. El Gobierno debe aceptar que la burocracia interna estatal impide tomar decisiones rápidas y conjuntas, al punto de esperar a romper unilateralmente el cese al fuego para nombrar sus voceros en la mesa de diálogo y suspender órdenes de captura, contrario a las Farc-EP que, desde el comienzo tuvo listos sus voceros”.
Redacción Colprensa.
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