Este viernes el Tribunal Superior de Bogotá anunciará si el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno y fraude procesal precluye o continúa. Sin embargo, unas horas antes de conocerse la decisión, con base en una información de revista Semana el exmandatario afirmó que la preclusión será negada y se ordenará llamarlo a juicio.
Hasta el momento, los intentos de la Fiscalía de precluir el caso han fracasado dos veces. El proceso llegó al despacho del magistrado Carlos Andrés Guzmán luego de que el fiscal Javier Cárdenas apeló la decisión de la juez 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Estella Barrera, quien en mayo dijo que había méritos suficientes para seguir investigando al exmandatario.
“Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, explicó la jueza de primera instancia, cuando también señaló que el delito de fraude procesal también pudo haber ocurrido.
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Uribe Vélez manifestó en su cuenta de X que el Tribunal Superior ordenará no precluir su investigación, por lo que la Fiscalía, según la revista Semana, ya tendría listo el escrito de acusación. Ese giro sería clave, de ser real, teniendo en cuenta que el ente investigador ha buscado oponerse al llamado a juicio en reiteradas ocasiones.
El Tribunal Superior, sin embargo, respondió: “La decisión oficial y sentido del fallo en ese caso se dará a conocer mañana a las 2:00 pm”.
El primer ‘no’ para la Fiscalía
En 2022, la juez 28 del circuito, Carmen Ortiz, dijo por primera vez que había pruebas suficientes para dudar de la inocencia de Uribe y, por lo tanto, llevarlo a juicio para probar si era culpable.
Entre 2018 y 2020, la Corte Suprema de Justicia recaudó suficiente material probatorio para ordenar, en su momento, la detención preventiva del entonces senador, quien luego renunció al Congreso. La tesis de la Corte fue que Uribe, por medio de abogados como Diego Cadena —también en juicio—, le ofreció beneficios y presiones a algunos testigos con el fin de que dejaran de relacionarlo con grupos paramilitares
El fiscal encargado de continuar la investigación cuando se terminó el fuero de Uribe fue Gabriel Jaimes. Jaimes pidió preclusión en marzo de 2021 al desestimar varias pruebas de la Corte, lo que tuvo como respuesta una oposición del senador Iván Cepeda, a quien, según la Corte, Uribe buscó perjudicar al manipular testigos.
El proceso se extendió hasta abril de 2022, cuando la jueza Ortiz criticó los argumentos de Jaimes y determinó que la investigación contra el exsenador y expresidente debía continuar. La jueza dijo, por ejemplo, que había pruebas para sospechar que Diego Cadena pudo sobornar a algunos testigos por orden de Uribe, aunque la Fiscalía intentó sostener que el exmandatario no sabía.
La togada de circuito explicó sus argumentos en una audiencia que duró casi diez horas. En su momento, Jaimes no apeló, por lo que le correspondía reevaluar las pruebas que había descartado, incluyendo los testimonios que la Corte recogió y que él no había tenido en cuenta, y tomar una nueva decisión.
Sin embargo, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema no pidió una nueva preclusión ni acusó a Uribe, aun cuando pesaban dudas sobre su inocencia, y su plazo para tomar una nueva determinación se venció. La vicefiscal Martha Mancera, entonces, nombró al fiscal tercero delegado ante el alto tribunal, Javier Fernando Cárdenas Pérez
La segunda preclusión que naufragó
La razón por la que el Tribunal de Bogotá tendrá que tomar una decisión este viernes es que el fiscal Cárdenas, a diferencia de Cárdenas, sí apeló el fallo que emitió la juez 41 penal del circuito, Laura Barrera. Barrera, al igual que Ortiz, había considerado que las pruebas hasta el momento permiten seguir investigando, pero la Fiscalía sigue enfrascada en que no.
“Existen elementos probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el delito de soborno sí existió y que no está desvirtuado que Álvaro Uribe Vélez participó”, dijo la togada, quien también explicó que se mantienen dudas sobre la inocencia de Uribe, por lo que le corresponde al ente acusador investigar hasta confirmar, o desestimar, su responsabilidad con toda certeza.
La Fiscalía comparte la tesis de los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, de que Uribe es plenamente inocente y de que no hay pruebas suficientes para seguirlo procesado, aun cuando tiene consigo la calidad de imputado, luego de que la Corte Suprema resolvió su situación jurídica antes de enviar el expediente a la entidad liderada por Francisco Barbosa.
La nueva primera instancia, por su parte, lanzó reparos al trabajo del fiscal Cárdenas, y aseguró que había algunas dudas sobre lo aseverado por el ente acusador.
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Por ejemplo, la jueza Cárdenas subrayó que “Uribe manifestó públicamente al país que sabía que sus teléfonos estaban interceptados” —algo que su defensa ha señalado que fue ilegal por parte de la Corte Suprema—, y por eso podría haberle dicho a Diego Cadena que él quería “solo la verdad” al momento de que Cadena visitara en las cárceles a los testigos que estaban relacionando a Uribe con el paramilitarismo.
Asimismo, la togada destacó que, aunque una de las razones para desvirtuar la imputación por fraude procesal sería que una carta de Juan Guillermo Monsalve “no tenía la idoneidad para inducir en error” a la Corte suprema, “existen elementos materiales probatorios que crean la hipótesis plausible de la intención de engañar al alto tribunal”.
Lo que sigue, entonces, es que el Tribunal Superior de Bogotá, a partir de las dos de la tarde del 6 de octubre, recabe entre años de investigaciones y laberintos jurídicos, y tome una decisión que, en un futuro, podría ser histórica, si es que deriva en un llamado formal a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Redacción Colprensa
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